La ministra de Justicia, Ángela María Buitrago, escribió una carta con la que le respondió al abogado de la reclusa Andrea Valdés, quien le había pedido ser trasladada a otro centro penitenciario, debido a las denuncias que hizo por abuso sexual, aparentemente cometido por guardias del Inpec en la cárcel El Pedregal, de Medellín.Valdés ha expuesto que el año pasado fue víctima de varios hechos de violencia sexual, los cuales investigan las autoridades tanto a nivel disciplinario como a nivel penal. Eso ocurrió en Medellín y ahora se encuentra en El Buen Pastor, de Bogotá, para estar alejada de los guardias sindicados del abuso. Pero su abogado, el penalista Felipe Alzate, solicitó a la Ministra que le concediera un traslado inmediato a prisión domiciliaria, para estar alejada del personal del Inpec. No obstante, en su oficio, la alta funcionaria recordó que es a los jueces a los que se les pide un traslado, el cual en los últimos meses, a raíz de los hechos, se dio en dos ocasiones: primero a La Picaleña, de Ibagué, y luego a El Buen Pastor.Ángela María Buitrago, ministra de Justicia. Foto:Mauricio Moreno/El Tiempo”Por lo tanto, son los centros de reclusión nacional, los lugares donde la PPL debe pagar su condena, a menos que medie una orden judicial del juez competente de ejecución de pena que autorice el traslado”, dice la carta de Buitrago.Asimismo, se refirió al comentario del abogado Alzate en el que manifestó que ella había visitado en El Pedregal a Valdés. “No he sostenido reuniones personales con Andrea Esperanza Valdés, ni he recibido directamente manifestaciones sobre conductas ilícitas ocurridas dentro o fuera del Complejo Carcelario y Penitenciario de Alta y Media Seguridad de Medellín, Pedregal”, se lee en la misiva.El Pedregal, cárcel de Medellín donde sucedieron los hechos denunciados. Foto:Esneyder GutiérrezLa Ministra de Justicia también subrayó que su cartera no puede coadyuvar solicitudes ante un juez de ejecución de penas para que le concedan la prisión domiciliaria a la denunciante, pues la competencia es exclusivamente de la Judicatura.Por último, en la carta se resalta que sí han venido adelantando actuaciones con la Dirección General del Inpec para proteger a Valdés. “Asimismo, se mantiene una vigilancia permanente sobre aspectos clave como la seguridad, el acceso a la salud, la alimentación y el bienestar integral de las personas privadas de la libertad”.Carlos López – Justicia – @CarlosL49 – carben@eltiempo.com