Los denunciantes de supuestos gastos irregulares en la asociación de guardias civiles Jucil ganan una primera batalla judicial | España

La guerra judicial abierta en el seno de Justicia para la Guardia Civil (Jucil, la asociación mayoritaria entre los agentes del instituto armado) se vislumbra larga y enrevesada. El cruce de demandas y querellas interpuestas entre la actual dirección de la asociación, encabezada por su secretario general, Ernesto Vilariño, y los cinco exdirigentes críticos que denunciaron recientemente supuestos gastos irregulares ha registrado en las últimas horas dos nuevos episodios. El primero da una inicial victoria judicial a estos últimos en el procedimiento civil que iniciaron tras ser apartados de sus funciones, ya que la titular del Juzgado de Primera Instancia número 1 de León, Eva María Puerto, ha ordenado el restablecimiento inmediato de sus derechos como asociados y la restitución cautelar en sus puestos ―varios eran delegados provinciales― mientras se resuelven los expedientes internos que les abrió el Comité Ejecutivo Nacional después de que hicieran pública aquella denuncia. El segundo lo protagoniza el secretario general, quien este jueves ha confirmado la querella que interpuso en febrero contra los cinco asociados díscolos por injurias, calumnias, revelación de secretos y coacciones en el Juzgado de Instrucción número 4 de esta misma ciudad. En el auto ahora conocido, que es recurrible, la magistrada Puerto concluye que el escrito con el que se les comunicó a los cinco exdirigentes que quedaban suspendidos cautelarmente adoleció de “motivación suficiente, en tanto que se realizan imputaciones genéricas a los expedientados de las que no se indica en modo alguno los elementos probatorios en las que se fundamentan”. La jueza destaca que la medida les privó de “todos los derechos inherentes a su condición de socios de Jucil”, lo que les impidió, de hecho, participar en la asamblea informativa celebrada el 10 de marzo destinada a analizar precisamente la gestión económica de la asociación que ellos habían puesto bajo sospecha. La jueza recalca también que, al no haberse constituido el Comité de Garantías recogido en los estatutos de Jucil para amparar a los asociados y pasar las competencias de este al propio Comité Ejecutivo que acordó expedientarlos, la posibilidad de los críticos de defenderse en este proceso interno que puede acabar en su expulsión “se ven seriamente disminuidas”. En este sentido, recuerda que “es evidente” que la imparcialidad que los actuales dirigentes pueden tener respecto “de los asociados que manifiesten una actitud crítica frente a la dirección es cuanto menos cuestionable”. Por todo ello, ordena que a la actual dirección que los cinco sean restituidos de manera cautelar “en sus derechos como socios y en su posición asociativa”, incluido sus puestos como representantes provinciales, y que “cese de cualquier actuación que impida a los demandantes el ejercicio de sus derechos como miembros o directivos de Jucil” mientras se continúa tramitando sus expedientes. Tras conocerse el auto de la jueza, los exdirigentes expedientados, organizados bajo la plataforma Regeneremos Jucil, han hecho público un comunicado en el que reclaman la dimisión de los actuales dirigentes “de inmediato”.La decisión de la jueza de León no cierra, ni mucho menos, la guerra interna abierta en Jucil desde hace tiempo y que se agudizó tras la dimisión a finales del año pasado del que fuera secretario de comunicación y rostro de la asociación ante los medios de comunicación, Agustín Leal, supuestamente por presiones de sus compañeros de la ejecutiva. A la salida de Leal le siguió la también dimisión del coordinador general de la asociación en Canarias y los ceses de algunos dirigentes provinciales. Todo ello desembocó el pasado 3 de febrero en la difusión, por parte de los críticos, de una carta a los asociados en los que, además de supuestas irregularidades contables, denunciaban la supuesta politización en la actual dirección de Jucil.A partir de ese momento se inició un cruce de denuncias en los juzgados. El Comité Ejecutivo de Jucil y el secretario general presentaron sendas querellas contra los críticos por injurias, calumnias y revelación de secretos al considerar que habían “orquestado una campaña pública de desprestigio” contra ellos con aquella carta. Es por una de estas querellas por la que este jueves ha declarado en otro juzgado de León el secretario general. En la querella, este acusa a los críticos de “la difusión de informaciones falsas, la filtración de documentos internos y la manipulación de la opinión pública”.Casi en paralelo a la presentación de aquellas querellas, los exdirigentes acudieron a un juzgado para denunciar a Vilariño por supuestas irregularidades “que sugieren un uso indebido de los fondos de la asociación” para gastos personales como comidas en restaurantes y alojamientos en hoteles. Una jueza de León acordó el 28 de marzo incoar diligencias previas al concluir que los hechos recogidos en la denuncia “presentan características que hacen presumir la posible existencia de [un] delito de estafa (todos los supuestos)”. La guerra interna de Jucil tiene una enorme repercusión en el seno de la Guardia Civil. Esta asociación es la mayoritaria entre los agentes tras ganar, en octubre de 2020, las elecciones internas al Consejo de la Guardia Civil ―órgano colegiado en el que participan los representantes de los agentes y de la Administración para abordar cuestiones laborales y profesionales― con 15.070 votos y hacerse con seis de los 16 puestos reservados a las asociaciones profesionales en este órgano. En otoño está previsto que vuelvan a celebrarse comicios.