América Latina ante la IA: ¿regulación o dependencia tecnológica? | América Futura

EL PAÍS ofrece en abierto la sección América Futura por su aporte informativo diario y global sobre desarrollo sostenible. Si quieres apoyar nuestro periodismo, suscríbete aquí.En el inicio de 2025, todas las miradas sobre la tecnología y la inteligencia artificial apuntaron al norte del mundo, con dos hechos de importancia. Durante su segunda asunción, Donald Trump confirmó la alineación de los dueños de las grandes empresas tecnológicas con la administración republicana. El movimiento incluyó la revocación de la orden ejecutiva 14110 de 2023 que proponía “el desarrollo y uso seguro, protegido y confiable de la inteligencia artificial”. Y se coronó con la designación de Elon Musk como jefe del Departamento Gubernamental de Eficiencia, un órgano de tecnocracia extrema que busca ir contra los excesos de la burocracia, aunque otros advierten que irá contra las mismas bases de la democracia.Un mes después, el AI Action Summit organizado por Emmanuel Macron en París se esperaba como un contrapeso para trabajar en una “inteligencia artificial inclusiva y sostenible para las personas y el planeta”. Sin embargo, resultó una decepción. Académicos, integrantes de la sociedad civil y activistas, en especial del sur global, replicaron su queja: el encuentro europeo no fue mucho más que el lanzamiento de una inversión de 109.000 millones de euros para “hacer de Francia una potencia de la IA” y posicionar al país en la misma carrera que disputan Estados Unidos y China, pero monetizan los hombres más ricos del mundo.Este escenario geopolítico dispuesto a avanzar en desarrollos tecnológicos sin limitaciones parece dejar a América Latina sin más opción que adaptarse ni debatir escenarios alternativos. Pero si miramos hacia adentro, estudios recientes indican que en nuestro continente no sólo existe la preocupación por las consecuencias del desarrollo tecnológico para los habitantes y el planeta, sino que las regulaciones que se buscan implementar aún encuentran barreras para su avance.Según un estudio realizado por Luminate e Ipsos en Argentina, Brasil, Colombia y México en 2024, el 55% de las personas apoyan que la inteligencia artificial sea regulada. La proporción aumenta hasta el 65% entre quienes declaran tener un buen conocimiento o han usado estas herramientas. En la región más desigual del mundo, el 37% de la ciudadanía coincide en que la inteligencia artificial podría aumentar las desigualdades en sus países. “Con la IA tenemos la oportunidad de aprender de los errores que hemos cometido con las plataformas de redes sociales, donde las consecuencias de la falta de rendición de cuentas se sienten en toda nuestra región, desde la difusión incontrolada de desinformación y discursos de odio hasta el aumento de la polarización y la vigilancia”, señala Felipe Estefan, vicepresidente de Luminate para América Latina. En este continente, el 54% de los encuestados se opone al uso de la IA para tomar decisiones en tribunales, el 51% está en contra de que se utilice para redactar leyes y el 50% considera inaceptable el uso de la IA para definir quién tiene derecho a recibir beneficios sociales.Regulaciones y límitesDurante 2024, distintos países de América Latina avanzaron en regulaciones. Un caso resonante fue el de Brasil, cuyo Senado dio luz verde a un proyecto de ley para establecer normas para la gobernanza responsable de los sistemas de inteligencia artificial. El texto, que debe pasar a la otra cámara para su aprobación, se inspiró en la Ley de IA de la Unión Europea al proponer un sistema para categorizar riesgos y prohibir la implantación de aquellos que impliquen afectaciones a las personas, al tiempo que supone obligaciones de evaluación de impacto para los desarrolladores. Para descartar falsos dilemas, el proyecto “se basa en la premisa de que no existe una disyuntiva –una elección mutuamente excluyente– entre la protección de los derechos y libertades fundamentales, la valorización del trabajo y la dignidad de la persona humana frente al orden económico y la creación de nuevas cadenas de valor”.El proceso brasilero está siendo extenso. Comenzó en 2022 con la creación de distintas comisiones y borradores del proyecto, donde el sector privado ocupó gran parte de las audiencias. Según investigaciones de Intercept Brasil y Derechos Digitales, el 31% de los espacios de debate fueron ocupados por empresas, mientras que la academia y la sociedad civil participaron en el 26% y el 19%, respectivamente. Intercept reveló además que los representantes corporativos, en muchos casos, se presentaron a las audiencias como parte de otros sectores, lo que demostró el interés en contra de esta regulación por parte de las tecnológicas y su gran poder de lobby para maquillar sus intereses como ajenos. Mientras, otras iniciativas han avanzado con distinta suerte en la región.De acuerdo con la el Índice Latinoamericano de Inteligencia Artificial (ILIA), que elabora la Cepal, Chile, Brasil y Uruguay son los países que no sólo han avanzado en la implementación de tecnologías basadas en la IA, sino que también están orientando sus estrategias nacionales hacia la consolidación y expansión de estas tecnologías en todos los sectores de su economía y sociedad. De acuerdo con el organismo de Naciones Unidas, “cuentan, además, con un entorno favorable que potencia la investigación, el desarrollo y la adopción de tecnologías, promoviendo la innovación y aplicación de IA”. Les siguen Argentina, Colombia y México como países en una categoría inferior, pero en desarrollo.Aún con estos avances, el informe señala que persisten desafíos en materia de participación equitativa de las mujeres en investigación y desarrollo de IA, lo que exige la implementación de políticas con enfoque de género, también en los países mejor calificados en la adopción de políticas para el sector. Como otras metas a lograr en la región, se destacan la incorporación de mejores infraestructuras y la retención de personas formadas en tecnologías: la migración de las personas más capacitadas al norte del mundo conspira contra modelos propios.En términos ambientales, en 2024 el Índice incorporó el factor de sustentabilidad en el desarrollo de la IA, destacando que se debe “promover la reflexión en torno al impacto medioambiental de los modelos, particularmente su consumo energético”, ya que “existe la certeza de que la demanda por esta tecnología continuará creciendo en el mediano plazo”. Se señala la necesidad de aprovechar las ventajas locales de América Latina y el Caribe para promover el uso de energías limpias y la industria de cómputo y almacenamiento de data como “un camino razonable para aumentar la competitividad y sofisticación de las economías”. Sin embargo, no se plantea un debate sobre cómo administrar los recursos energéticos escasos y contaminantes teniendo en cuenta no sólo el avance tecnológico, sino también las necesidades de desarrollo de los países.Identidad o dependenciaEn este escenario, vale preguntarse cómo pueden regiones como América Latina acompañar el desarrollo de ecosistemas de inteligencia artificial más alineados con su propia historia y su presente, que reflejen valores y necesidades locales. “Nuestra región está considerada únicamente para proveer los recursos naturales y la mano de obra que necesita la cadena de producción global de la IA”, dice Paz Peña, autora de Tecnologías para un planeta en llamas y fellow senior de la Fundación Mozilla. “Como continente, nos enfrentamos a economías que aún tienen lógicas coloniales. Habrá más de algún país que, por tamaño, ubicación y calificación de mano de obra, podría ofrecer algo más que recursos naturales a esta carrera, por ejemplo, el ensamblaje de chips. Pero pensar en desarrollos de la IA propios, que tengan lógicas fuera de la big tech, con mirada local, es casi imposible”, agrega.Para que eso suceda, dice Peña, se necesitaría invertir en desarrollos de sistemas, que dependen de una infraestructura la mayoría de las veces sostenida por las grandes tecnológicas del norte. “Además, para ser competitivos, se necesitarían enormes inversiones y creo que es éticamente reprochable que, con los problemas graves de bienestar social que tenemos en nuestros países, el dinero se invierta en estos juegos de especulación que traen una riqueza muy concentrada en pocos actores”.Paloma Lara Castro, directora de políticas públicas de Derechos Digitales, agrega complejidad a la discusión: “A partir de diversos estudios que realizamos desde 2020, detectamos que el uso de la IA por los Estados de la región se concentra en áreas críticas: salud, empleo, justicia, educación, acceso a beneficios sociales, a la información pública, y protección de la seguridad pública. Son áreas donde la masificación de la IA va de manera acelerada, y se ampara en promesas poco probadas, como la de la efectividad y la eficiencia del gasto, la prevención del fraude, la predicción del delito o del abandono escolar, entre otros”. Sin embargo, Lara agrega que esta carrera tecnológica no va acompañada por una protección de derechos, sean de los datos de las personas, los derechos del consumidor, o la no generación de nuevas desigualdades. Para ella, la prioridad regional debería estar determinada por impulsar políticas públicas innovadoras y participativas que respondan a los retos reales de las tecnologías, y hacerlo con regulaciones, mecanismos de supervisión independientes y una participación real de la sociedad civil y las comunidades afectadas. Si no, advierte, “la IA en América Latina corre el riesgo de convertirse en una herramienta de control más que en una oportunidad de desarrollo”.Paz Peña coincide en que los temas que vinculan el desarrollo y la inteligencia artificial, aún con estos grandes desafíos, tienen que ser abordados con seriedad y urgencia, “desde las fuerzas de explotación de la IA sobre nuestros recursos naturales pasando por el rol de las y los trabajadores, hasta el poder limitado de nuestros marcos legales locales para proteger nuestros derechos ante fuerzas trasnacionales”. Para ella, esto va más allá de las políticas tecnológicas: tiene que ver con una disputa global sobre una democracia que necesita más transparencia y menos secretos corporativos, incluyendo la investigación y rendición de cuentas sobre los mecanismos de lobby que ejercen las tecnológicas con poder global sobre los gobiernos locales, sin importar en qué región del mundo se encuentren.Natalia Zuazo es especialista en política y tecnología. Directora de Salto Agencia.