Amnistía Internacional ha pedido a España que no autorice “exportaciones de armas de fuego y armas de caza y tiro deportivo a Estados Unidos”, ante “la ausencia de medidas suficientes de control para mitigar el riesgo de perpetuación del ciclo de violencia armada” que se vive en dicho país y “el coste y sufrimiento que genera” el libre comercio de este tipo de armamento en la primera potencia del mundo.Según el informe sobre Exportación de Material de Defensa y Doble Uso remitido por el Gobierno al Congreso, EE UU es, con gran diferencia, el principal destino de las exportaciones españolas de productos como rifles, escopetas, carabinas, pistolas o revólveres. En 2023, el Ejecutivo autorizó 90 licencias de venta de armas de caza y munición a dicho país por valor de 233,9 millones (el 66% de lo autorizado para todo el mundo) y ejecutó operaciones por un importe de 87,4 millones (el 64,4% del total). En el primer semestre de 2024 se aprobaron 29 licencias por 199,2 millones y se exportaron por valor de 42. El 70% de los compradores son empresas privadas y el resto, armerías.La ONG defensora de los derechos humanos recuerda que, según datos de la organización sin ánimo de lucro Gun Violence Archive, entre 2020 y 2023 ha habido más de 600 matanzas en EE UU con armas de fuego y más de 40.000 personas mueren cada año allí por disparos, una cifra propia de un país en guerra. Aunque en EEUU hay más de 400 millones de armas en circulación y los mayores fabricantes mundiales están allí, dicho país importa cada año ingentes cantidades de pistolas, rifles y fusiles (hasta 6,8 millones en 2020). Alberto Estévez, experto en comercio de armas de AI, denuncia la falta de control y transparencia de estas exportaciones, de las que un 50% corresponden a munición y el 42% a rifles. Hasta ahora, la nueva Administración no ha anunciado aranceles específicos para estos productos.La recomendación de no autorizar la venta de armas de caza y tiro deportivo a EE UU forma parte de la lista enviada por Amnistía a los grupos parlamentarios que, tras la comparecencia el pasado martes de la secretaria de Estado de Comercio, Amparo López Senovilla, deben presentar en las próximas semanas propuestas de resolución para mejorar el control de las exportaciones españolas de material y defensa y doble uso.Así, Amnistía Internacional pide que se mantenga “la suspensión de las transferencias de armas a Israel”; que se garantice el destino final de las exportaciones temporales a dicho país de material militar para su reparación o reexportación a terceros países (como los 18 blindados para el Ejército de Filipinas terminados en Israel); y se promueva un embargo de sistemas de defensa a dicho país por parte de la UE; además de mantener la decisión de no autorizar tránsitos de buques con armas para el Ejército israelí por aguas españolas. También reclama que se investiguen los supuestos vuelos de aviones cargados con material militar desde la base de Zaragoza denunciados por varias ONG, sobre los que Amnistía no se pronuncia al no haber podido verificarlos.En su comparecencia ante la Comisión de Defensa del Congreso, la secretaria de Estado de Comercio reiteró que “no se ha autorizado ninguna operación de exportación definitiva de material de defensa o doble uso [civil y militar] con destino a Israel” desde el 7 de octubre de 2023 -cuando se produjo el ataque terrorista de Hamás que desencadenó la ofensiva sobre Gaza que ha matado ya a más de 50.000 palestinos- y aseguró que las transferencias de equipos militares que se han hecho desde entonces han sido con carácter temporal “para reparación o mantenimiento”. Tras subrayar que la posición del Gobierno ante este conflicto es “clara y contundente”, López Senovilla reveló que el año pasado se denegaron 88 operaciones de exportación de material de doble uso; de las que más de la mitad (47) tenían como destino Israel y casi la mitad (20) podían terminar acabar empleándose para las Fuerzas Armadas.AI también reclama que no se autoricen transferencias de armas a la guardia fronteriza saudí mientras no se investigue el homicidio masivo de migrantes etíopes y que se condicione la aprobación de nuevas licencias a que se ponga fin a la impunidad de los crímenes de guerra cometidos en Yemen. Además, pide que se aplique el protocolo de verificación de último destino a los suministros a Emiratos Árabes Unidos (EUA) para evitar su desvío a Sudán, sumido en una guerra civil.La ONG solicita igualmente que se ponga el foco en Kenia y Perú y no se autorice el envío de material policial con esos destinos hasta que se investigue la brutal represión de las protestas que se produjeron en ambos países entre 2022 y 2024. La misma recomendación se extiende a la venta de material de seguridad y antidisturbios a Bangladesh, Marruecos y Mauritania.Finalmente, Amnistía Internacional pide que se haga pública la aplicación del protocolo de verificación ex post (posventa) al cumplirse cinco años de su puesta en marcha –la secretaria de Estado reveló que se ha aplicado a 42 operaciones con 21 países, pero no quiso revelar su identidad- ; y que se apruebe una nueva ley de Secretos Oficiales y no se repita el retraso de año y medio en la publicación de las estadísticas de exportación de armas. La ONG impulsa, además, una campaña internacional para que se aprueben sendos tratados que prohíban las armas autónomas o robots asesinos y el comercio de los instrumentos de tortura.

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