El asesinato de siete soldados que custodiaban un Espacio Territorial de Reincorporación (ETCR) en el departamento de Guaviare, luego de una emboscada, es solo el más reciente de una larga serie de episodios violentos protagonizados por el bloque Jorge Suárez Briceño, de Alexander Díaz Mendoza, alias Calarcá, una de las disidencias que tiene asiento en la ‘paz total’ y con la que el Gobierno firmó un decreto de suspensión de operaciones ofensivas —que, en esencia, es un cese del fuego unilateral atado a su traslado a zonas de ubicación temporal para su dejación de armas—.Este hecho se suma a la creciente preocupación por la influencia, expansión y fortalecimiento de estas disidencias durante el año y medio que estuvo vigente el cese del fuego bilateral. Esta organización armada no solo viene atentando contra la Fuerza Pública, sino que también ha sido señalada de intimidar, desplazar y asesinar a excombatientes firmantes del Acuerdo de Paz en distintas regiones del país, además de extorsionar a comerciantes y ganaderos. Su accionar violento ha puesto en entredicho la viabilidad del proceso de diálogo que actualmente adelantan con el Gobierno.Alias Iván Mordisco y Calarcá. Foto:EFEAunque el grupo armado se pronunció tras el ataque en Guaviare y afirmó haber actuado en “legítima defensa”, lo cierto es que en el último año se han registrado varias acciones cerca de los ETCR que revelan una estrategia más sistemática.En marzo de 2023, cuando el Gobierno aún no les habría abierto la puerta a la ‘paz total’, estas disidencias fueron responsables del desplazamiento de más de 200 firmantes del acuerdo que vivían en el ETCR Mariana Páez, en Mesetas, Meta. Un año después, en junio del 2024, en medio de su disputa territorial con la ‘Segunda Marquetalia’, el frente Iván Díaz -adscrito al bloque Jorge Suárez Briceño- forzó el desplazamiento de 82 personas, entre ellas hombres, mujeres y niños, según cifras del partido Comunes, que habitaban el ETCR de Miravalle, ubicado en San Vicente del Caguán.Aunque el Eln ha sido señalado como responsable de numerosos asesinatos de excombatientes tras su escalada en el Catatumbo, las disidencias de Calarcá y Mordisco siguen encabezando el listado de organizaciones armadas que más atentan contra los firmantes.Un mes después, en julio de 2024, este diario dio cuenta de cómo en el sur del Meta -sobre todo en Lejanías, La Uribe, Mesetas, Vistahermosa, San Juan de Arama, Castilla la Nueva, Granada y La Macarena- y norte de Guaviare, estas disidencias instalaron un monopolio ilegal con panfletos, extorsiones y amenazas del cual no se salvaba ningún comerciante, finquero o contratista que quisiera hacer una obra.“Cada año, los disidentes cobran 10.000 pesos por hectárea de tierra y 10.000 pesos por cada cabeza de ganado. Incluso cobran hasta 3.000 pesos por cada gallina”, relató a EL TIEMPO un campesino de la región.Disidencias adelantan estrategias para reclutar menores en sus filas Foto:ParticularPara intimidar a la población, los disidentes convocan a reuniones obligatorias mediante panfletos que llevaban el sello de la comisión de finanzas Éver Castro, en los cuales se hablaba de multas por no asistir. En una de esas convocatorias, se estima que más de 3.200 personas fueron obligadas a asistir para exigirles “aportes” irregulares destinados, supuestamente, a la construcción de puentes y otras obras.Su red de extorsión se extendió hasta el Tolima, en donde, hasta hace pocos meses y antes de ser abatido por la Fuerza Pública, Fabián Guillermo Espinosa Arboleda, alias Cancharino, alimentaba las arcas de las disidencias intimidando a campesinos del departamento. “Su recorrido criminal tomó auge debido a la extorsión, pues le aportaba 4.000 millones de pesos mensuales a las arcas del bloque que comanda alias Calarcá”, agregó el general Nicolás Alejandro Zapata, subdirector de la Policía Nacional, el día que se confirmó su muerte.Pero sus acciones no solo se han convertido en un dolor de cabeza para la Fuerza Pública, sino para la delegación del Gobierno en la mesa de negociación, hoy liderada por Camilo González Posso. Un claro ejemplo ocurrió el 23 de julio del año pasado cuando, en un retén militar en la vía entre Medellín y Anorí (Antioquia), el Ejército Nacional interceptó a un grupo de disidentes que se movilizaban en camionetas de la Unidad Nacional de Protección (UNP).En la caravana viajaban ‘Calarcá’ y otros cabecillas del grupo, como Édgar de Jesús Orrego Arango, alias Firu, comandante del frente 36, quien tenía una orden de captura vigente. El hecho generó gran controversia, ya que los disidentes portaban armas y llevaban una suma considerable de dinero en efectivo.Fiscalía capturó a alias Firu, jefe del frente 36 de las disidencias. Foto:Fuerzas Militares de ColombiaAunque algunos de los integrantes de la organización estaban autorizados para movilizarse en vehículos de la UNP —como parte de los protocolos firmados por el Gobierno para brindar protección a quienes participan en el mecanismo de verificación del cese del fuego—, dicha autorización no cubría a miembros no incluidos en el proceso, no designados como facilitadores de paz o con órdenes de captura vigentes, como era el caso de Firu.Su estructuraEsta estructura —que fue comandada por Miguel Botache Santillana, alias ‘Gentil Duarte’, hasta su muerte en 2022— tiene una fuerza total estimada en más de 1.162 combatientes (572 hombres en armas y 590 en redes de apoyo), según un informe de inteligencia militar al que EL TIEMPO tuvo acceso.El bloque está conformado por ocho estructuras, entre las que sobresalen por su accionar violento el frente Rodrigo Cadete, al mando de Juan Agudelo Salazar, alias Urías Perdomo, con presencia en Caquetá; el frente Raúl Reyes, dirigido por Yeison Alexis Ojeda, alias Danilo Alvizú, con hombres en Amazonas, Caquetá y Putumayo; y la comisión Jhon Taylor o Arturo Díaz, a cargo de Auner Restrepo, alias Juan Carlos. Entre las tres agrupan más de 280 hombres en armas.Otras estructuras y subestructuras que operan bajo la sombrilla de este bloque son la comisión Marco Aurelio Buendía (alias Macoño), la estructura Éver Castro (alias Caliche); el frente Jhon Linares (alias Baison o Barbas), el frente Darío Gutiérrez (alias Sergio Carvajal) y el frente Iván Díaz (alias Giovanni Bonito).Disidencias de las Farc. Foto:Juan Pablo Rueda. EL TIEMPO“Son estructuras disidentes que poco se enfrentan con la Fuerza Pública. Efectivamente, no son tan agresivas, aunque por supuesto que hay casos, pero no es su actividad principal. La actividad principal ha estado más relacionada con ciertas rentas ilegales, el control de las rutas del narcotráfico y con el control del acceso al territorio y ahí podríamos remitirnos a los años 2020 y 2021 cuando fueron famosas por impedir la labor de la cooperación internacional”, señaló Paula Tobo, investigadora de la Fundación Ideas para la Paz.El bloque Jorge Suárez Briceño, a su vez, es una de las dos estructuras que componen el Estado Mayor de los Bloques y Frentes (EMBF) —del que también hace parte el Magdalena Medio Gentil Duarte, de alias Jhon Mechas, estructura que ya se comprometió a ubicarse en zonas de ubicación temporal para su desarme—, facción que se separó del Estado Mayor Central de Néstor Gregorio Vera, alias Iván Mordisco, en abril de 2024, luego de que el Gobierno suspendió el cese del fuego en Nariño, Valle del Cauca y Cauca.La decisión de poner fin a esa tregua fue tomada por el Gobierno como respuesta a una serie de ataques por parte de los bloques de Mordisco contra comunidades indígenas en Cauca y al asesinato de la líder indígena Carmelita Yule Paví, además de múltiples hostigamientos a la Fuerza Pública.Aunque meses antes de la fractura ya se percibían diferencias entre Mordisco y Calarcá, fue este hecho y la decisión del comandante del Suárez Briceño de continuar en la mesa con el Ejecutivo, lo que dinamitó la alianza criminalEn ese contexto, ‘Calarcá’, junto con alias Jhon Mechas, Carlos Eduardo García, alias Andrey Avendaño, y Óscar Ojeda, conocido como Leopoldo Durán, su principal interlocutor en la mesa, decidió continuar en la mesa con cerca del 40 % de los integrantes de las disidencias. Por esa razón, Mordisco los acusó de “fraccionalismo y traición” en un consejo de guerra realizado por la otra disidencia el mes pasado.Camilo González Posso, jefe de la delegación del Gobierno. Foto:Oficina del Consejero Comisionado de PazUn año después, pese a los avances en temas como las transformaciones territoriales, la proyección del arco amazónico y la participación de las comunidades, el proceso está sumido en una crisis que parece seguir el mismo camino de otros dentro del proyecto de ‘paz total’, que hoy están suspendidos.Lucha por el territorioActualmente, Calarcá, quien en el pasado fue comandante del frente 40 de las Farc, lidera el bloque -se presume que incluso a las demás estructuras que componen el EMBF- y mantiene una intensa disputa territorial en Meta, Caquetá y Guaviare con las estructuras leales a Mordisco por el control de economías ilícitas.Estas estructuras, como sucede con las de Mordisco y como reseña un informe de la Fundación Ideas para la Paz de marzo de 2023, “son una federación de grupos bajo una misma sombrilla”, pero con “intereses, formas de operar y grados de articulación diversos, además de una gran autonomía en su funcionamiento a nivel territorial”.De hecho una de las críticas recurrentes a la ‘paz total’ justamente es que, en aras de consolidar una sola mesa, permitió el agrupamiento de varias estructuras que no se acogieron a los acuerdos de paz de 2016, entre esas los frentes que hoy acompañan a Calarcá.“El comisionado de paz de este gobierno, el primero, con los helicópteros del Estado fue recogiendo a los voceros de los diferentes grupos criminales que se hacían llamar disidencias en las distintas regiones del país, y los llevaron, en abril de 2023, al Yarí (región ubicada entre Meta y Caquetá). Les dieron el reconocimiento de Estado Mayor Conjunto de las Farc. O sea, que el propio gobierno organizó a las disidencias”, señaló esta semana en un foro el expresidente Juan Manuel Santos.El propio gobierno organizó a las disidenciasJuan manuel santosExpresidenteExpresidente Juan Manuel Santos. Foto:X Juan Manuel SantosSantos se refiere al encuentro que congregó a todas las estructuras que, por aquel entonces, se habían unido para conformar el Estado Mayor Central de las Farc. A la reunión asistieron, entre otros cabecillas, ‘Mordisco’, ‘Calarcá’ y ‘Andrey Avendaño’.“Tengo que decirle a Santos que se equivoca, lo que ha dicho es falso. No reconoce su propio error, que no es nada comparado con el del gobierno que siguió; a Santo se le olvidó el nombre de Duque porque ahora quiere la alianza con él”, le respondió el presidente Petro.Ese episodio, junto con la posterior fragmentación del grupo y su expansión territorial, ha facilitado la consolidación de formas de gobernanza criminal en distintas regiones del país.Presidente Gustavo Petro en La Gloria, Cesar. Foto:Presidencia.Tobo añadió que un aspecto a tener en cuenta en este proceso ha sido la intención de obtener reconocimiento político mediante la cooptación de la población civil en el territorio. “Eso las hace un poco distintas a otras disidencias que han tenido un camino un poco más áspero para relacionarse con la comunidad, no sin esto querer decir que haya una afinidad muy clara en este territorio”, agregó.Uno de los episodios más representativos de lo que describe Tobo fue la construcción de una escuela en la vereda El Triunfo, en San Vicente del Caguán (Caquetá). El proyecto, que contó con aportes de la comunidad y mano de obra proporcionada por las disidencias, llevó inicialmente el nombre de ‘Gentil Duarte’. Aunque el Gobierno intervino, tomó control del centro educativo y lo rebautizó como Instituto Agroecológico Sabanas del Yarí, el hecho reveló el nivel de control social y territorial que estas estructuras han llegado a ejercer.CAMILO CASTILLO Y JESÚS BLANQUICETPolítica y Justicia