Hablar de hacinamiento carcelario es evocar las imágenes de celdas atestadas de personas, quienes con improvisados cambuches aéreos se las valían para vivir en espacios de menos de un metro cuadrado para cada interno. En este contexto, el escenario más crítico lo vivían los centros de detención transitoria —URIs y estaciones de Policía— sobre los que el Gobierno asumió el servicio de alimentación.En cumplimiento a la Ley 2346 de 2024, la Uspec (Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios) se encargó de este suministro, que tiene un plazo de vencimiento el próximo 30 de junio. Al acercarse la fecha en que la administración plena de estos centros regresa a los entes territoriales, la Contraloría llamó al tablero a las alcaldías y gobernaciones para que presenten sus planes de acción que garanticen la continuidad del servicio. A través de la Delegada para el Sector Justicia, alertó sobre este cambio para poner el foco nuevamente en la atención en la situación humanitaria de las personas privadas de la libertad. A partir de julio, la responsabilidad volverá a estar en manos de las jurisdicciones municipales y departamentales, que tendrán que meterse la mano al bolsillo y destinar los recursos para cubrir este gasto”Los órganos de control instan a las autoridades territoriales y al Ministerio de Justicia y del Derecho, a definir los planes de implementación del servicio de alimentación en los Centros de Detención Transitoria y garantizar la continuidad de los mismos, en aras de garantizar las condiciones de vida digna en reclusión para la población sindicada bajo su cargo”, instó el ente de control. Para alistar el terreno, las Ías solicitaron información que verificarán y sobre la cual harán el respectivo control. Este concepto será llevado a la Sala Especial de Seguimiento al Estado de Cosas Inconstitucional Penitenciario y Carcelario de la Corte Constitucional.En 2022, el alto tribunal declaró el Estado de Cosas Inconstitucional debido a la vulneración sistemática de los derechos en los centros transitorios, diseñados para detenciones de hasta 36 horas, pero que terminaron funcionando como extensiones de los centros penitenciarios. Hasta julio de 2024, en estos espacios permanecían recluidas 1.500 personas condenadas y más de 5.000 imputadas, algunas cumpliendo hasta un año en estas condiciones.Dos años después de esta sentencia, que distribuía responsabilidades para corregir las violaciones a los derechos, la Corte, en una decisión contundente, afirmó que, lejos de mejorar, la situación ha empeorado. Se evidenció un aumento en el hacinamiento de estas celdas, donde se registran condiciones de indignidad y degradación aún más graves que las de cualquier otra cárcel.Como un aliciente, el presidente Gustavo Petro firmó el 10 de enero del año pasado la ley 2346, que garantiza la alimentación para personas privadas de libertad de manera transitoria hasta el 30 de junio de 2025. Sin embargo, próximo a cumplirse el plazo, hay preocupación que no se cumpla con este servicio básico. En seguimiento a los derechos de la población privada de la libertad, la Contraloría General de la República está realizando una auditoría con vigencia del primer semestre de este año para evaluar el manejo de los recursos en 125 cárceles del país, centros de detención transitoria y unidades de reacción inmediata, en coordinación con el sector justicia para la gestión del sistema penitenciario y carcelario.Sara Valentina Quevedo DelgadoRedacción Justicia