Aunque las alertas sobre la crisis de orden público parecen haberse vuelto parte del paisaje, la situación humanitaria atraviesa su punto más crítico desde la firma de los acuerdos de paz. El informe anual del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) revela un panorama en el que la población civil ha sido el principal blanco de las hostilidades y la mayor víctima de violaciones al Derecho Internacional Humanitario. En 2024, el CICR documentó 382 hechos, de los cuales el 44 % correspondió a actos dirigidos específicamente contra la comunidad y un 23 % a afectaciones a sus necesidades básicas.Los principales flagelos que tienen contra las cuerdas a las comunidades en los territorios son el reclutamiento de menores de edad, la violencia sexual y el uso de artefactos explosivos. Las consecuencias de estos actos incluyen el aumento de homicidios, desapariciones, personas heridas, confinamiento (que presentó una disparada del 102 %) y desplazamiento.La Cruz Roja alertó sobre una vulneración total a los principios de precaución y distinción en la escalada de enfrentamientos entre los grupos armados, lo que ha agravado los desafíos en la conducción de las hostilidades.También ha señalado con preocupación cómo entre los bienes civiles afectados se encuentran varias escuelas, que en las zonas donde se libran combates abiertos fueron ocupadas como fuertes, quedando rodeadas por minas antipersonales.Así mismo, llama la atención sobre los perfilamientos que se han hecho en contra de la población civil y los liderazgos sociales que, “en múltiples ocasiones fueron acusados por los actores armados de pertenecer, auxiliar, favorecer o ser cómplice de una u otra parte de los conflictos simplemente por intentar sobrevivir en medio de la confrontación”. Esta violación a los principios rectores de la guerra, que son sobre los que hace seguimiento el organismo, ha desatado consecuencias en materia humanitaria que jaló todos los indicadores al alza.”Ese deterioro se reflejó en un aumento de las violaciones del DIH, como homicidios, amenazas y otros abusos de diversa índole, así como el confinamiento de comunidades y el reclutamiento, uso y utilización de niños, niñas y adolescentes. En muchos casos, estas acciones fueron utilizadas como mecanismos de control social”, se lee en el informe.Minas antipersonales y artefactos de explosión controladaUna de las prohibiciones del DIH es el uso de artefactos explosivos y minas antipersonales, ya que no pueden dirigirse específicamente contra un objetivo militar y terminan afectando a personas ajenas al conflicto.El año pasado, comunidades enteras se vieron forzadas a huir de sus territorios o quedar confinadas para resguardarse de estos ataques. Sin embargo, 719 fueron heridas o asesinadas mediante esta táctica criminal, que se ha valido de drones piloteados de forma remota para aumentar la efectividad.Este número representó un aumento del 89 % respecto al año anterior. Las víctimas han sido principalmente civiles (483), seguidos por integrantes de la fuerza pública (163) y combatientes de grupos armados (74).Asimismo, la mayoría de las víctimas han caído por la detonación de artefactos lanzados (457), el doble de quienes pisaron minas antipersonales (262). Cauca, Valle del Cauca y Nariño concentraron el 65 % de los ataques.El confinamiento, el as del control socialEntre las consecuencias humanitarias que más creció está el confinamiento, que puntea la lista. Entre 2023 y el 2024 la variación fue del 102 % y la población afectada aumentó un 89 %.El CICR alerta que se ha convertido en una de las principales herramientas de control social ejercida por los grupos armados para mostrar su poderío. Solo en el último paro armado, en el Bajo y Medio San Juan, en Chocó, el Eln confinó a más de 20.000 personas.Precisamente, en la desagregación territorial el fenómeno tuvo mayor incidencia en la región Pacífica, que concentró el 44 % de la cifra total, y se acentuó en contra de las comunidades indígenas y afrodescendientes, a las que pertenecían el 53 % de las víctimas. Pese a que el confinamiento alteró las dinámicas del desplazamiento como la consecuencia humanitaria más usual en las hostilidades, no amainó del todo este fenómeno. El año pasado 41.228 personas se desplazaron de manera masiva en 15 departamentos. El organismo señala que, si bien representa una disminución en cuanto al número de damnificados, fueron más los hechos. Nariño se corona como el departamento con más casos, reuniendo al 36 % de las víctimas. El CICR aparta en un indicador diferente a las personas que sufrieron desplazamiento individual, cifra que llegó a los 117.697.La desaparición forzada es otro crimen que no es cosa del pasado. Según el informe, sigue enquistada en las nuevas dinámicas del conflicto armado y en 2024 se documentaron 252 hechos relacionados con las disputas armadas, 13 % más que el año anterior. El registro abarca 19 departamentos, pero el 85 % de las desapariciones se concentró en siete: Arauca, Cauca, Valle del Cauca, Nariño, Norte de Santander, Bolívar y Chocó. “Los actores armados siguen recurriendo a la desaparición como una estrategia para generar temor entre la población civil. Sin embargo, también hay casos en los que los portadores de armas son responsables de estas desapariciones debido a la inadecuada gestión de los cuerpos y de la información de las personas fallecidas en el marco de los conflictos armados”, advierte el Comité.Sin embargo, de acuerdo a sus cifras, el 82 % de las desapariciones corresponde a victimas civiles, mientras que el 18 % a miembros de la Fuerza Pública e insurgentes. Otro de los principios básicos violados ha sido el de la asistencia médica. La Mesa Nacional de Misión Médica registró 201 infracciones entre ellos el homicidio de cinco personas, amenazas, hurto de medicamentos y equipos , así como restricciones y prohibiciones a las comunidades para el acceso a los servicios. La región del litoral Pacífico (Cauca, Chocó y Valle) fue el epicentro de estos casos. Con una mirada de género, la CICR enciende las alarmas por el aumento de la violencia sexual, que históricamente ha sido utilizada como arma de guerra. Este crimen, por las fibras de pudor que toca, ocurre de forma invisibilizada arreciándose contra las mujeres más vulnerables. Según el CICR, las cifras disponibles no reflejan la magnitud real de este fenómeno, pero su presencia en el territorio les permitió evidenciar el recrudecimiento incuantificable de este tipo de violencia relacionada directamente con el conflicto. Subrayan entre los delitos derivados nuevos fenómenos como el sexo por supervivencia y la esclavitud. La clasificación de los conflictosSegún los parámetros fijados por el DIH, la Cruz Roja determinó que actualmente existen ocho conflictos armados en el país. Este número contrasta las hostilidades de más de 12 grupos armados vigentes, sin embargo aseguran que seguirán monitoreando de cerca la realidad territorial para hacer las actualizaciones pertinentes. Ante este panorama, el organismo pide al Gobierno una atención oportuna para garantizar la supervivencia de las comunidades afectadas por el conflicto. De igual manera, una ruta de mitigación y prevención para ofrecerles salidas al fuego cruzado. Sara Valentina Quevedo Delgado Redacción Justicia