De una muestra seleccionada por la Contraloría de 889 convenios interadministrativos suscritos por Prosperidad Social, por un valor de 2.5 billones de pesos, solo se pudo auditar el 2 %. La entidad entregó información completa de 25 convenios por valor de 58.000 millones de pesos, lo que derivó en resultados inconclusos. Por este ‘extravío’ de la información contable, el contralor general Carlos Hernán Rodríguez puso los hechos en conocimiento de la Fiscalía. El ente de control había seleccionado contratos celebrados desde el año 2011 en adelante, que se encontraban vigentes o habían sido liquidados entre las vigencias 2020 y el primer semestre de 2024. Sin embargo, Prosperidad Social únicamente entregó los documentos “que actualmente reposan en la entidad”, dejando sin sustento parte del material que no se encontraba en sus archivos ni en los expedientes contractuales.Más del 80 % de los convenios interadministrativos quedó fuera de la lupa de la Contraloría, lo que la entidad calificó como “un hecho sin precedentes en la historia reciente del control fiscal”. Sin embargo, fue enfática en señalar que ello no implica que los proyectos no se hayan ejecutado o que los recursos hayan sido malversados. Mientras no se disponga de la información necesaria para adelantar el ejercicio de control fiscal, la auditoría fue emitida bajo el concepto de “limitación en el alcance – abstención de conclusión”.Con la información disponible, el análisis fiscal se centró en los convenios ejecutados en el programa “Inclusión social y productiva para la población en situación de vulnerabilidad”, con énfasis en los proyectos para la implementación de obras e infraestructura. El ente de control evaluó la gestión de los recursos públicos del Departamento Administrativo para la Prosperidad Social (DPS) entre el año 2020 y el primer semestre de 2024, así como su actuación frente a la Sentencia T-622 de 2016, mediante la cual se estableció el principio de precaución ambiental y su aplicación para la protección del derecho a la salud de las personas, en el caso de las comunidades étnicas que habitan la cuenca del río Atrato.Como resultado de esta fiscalización, la entidad reportó 29 hallazgos administrativos, de los cuales 11 presentan incidencia fiscal por un valor de $12.682.128.398. Así mismo, clasificó 23 con presunta incidencia disciplinaria y dos incluyen solicitud de indagación preliminar.”Conforme con la evaluación efectuada (…) las acciones adelantadas por Prosperidad Social y los entes territoriales no se ajustaron a la normatividad aplicable en los aspectos significativos, en relación con los convenios para los cuales Prosperidad Social entregó la información requerida para el desarrollo de los procesos de auditoría”, se lee en el informe.Las irregularidadesEste diario tuvo acceso a las 874 páginas de la auditoría en las que se detalla la matriz de hallazgos. De los 11 con presunta incidencia fiscal, la irregularidad de mayor valor está relacionada con un proyecto para “adecuar” el mercado público del municipio de Fundación, Magdalena.El contrato fue firmado por $5.149.033.210 y contemplaba un plazo de ejecución de seis meses. Según la auditoría, fue adjudicado al Consorcio Mercado Público y la supervisión quedó en manos de la Secretaría de Planeación del municipio.Aunque las obras se terminaron el 27 de septiembre de 2021 y fueron liquidadas el 2 de abril de 2022, el mercado sigue sin funcionar. Los vendedores para quienes se construyó el espacio se han mostrado reacios a trasladarse, lo que dejó la obra en abandono y con un evidente deterioro.La Contraloría también evidenció pisos construidos con deficiencias técnicas, la ausencia de equipos de refrigeración y conservación ,y la falta de elementos de laboratorio para la toma de muestras. La cafetería tampoco se salvó: no tiene mobiliario, ya que esa parte nunca fue contratada.Este recuento, según la Delegada para la Inclusión Social, representa un presunto detrimento patrimonial por $5.116.075.229,55.El siguiente hallazgo en orden de cuantía corresponde a un contrato de obra para la construcción de la plaza de mercado en Coyaima, Tolima.Prosperidad Social suscribió el convenio interadministrativo y tras el proceso licitatorio adelantado por el municipio, el contrato fue suscrito en 2022. Sin embargo, su ejecución se ha prolongado, entre otras razones, por la reformulación de los diseños del proyecto.Según constató la Contraloría, el contrato permanece suspendido desde el 1 de noviembre de 2023 y fue prorrogado hasta el 30 de diciembre de 2024. A la fecha, el avance físico de la obra es del 51,38 %.“Como consecuencia, la infraestructura de la plaza de mercado no cumple su función, ya que la obra no ha sido finalizada, lo que representa un presunto detrimento patrimonial por valor de $2.754.589.019”, detalla el informe.La tercera irregularidad que más le costó al Estado, con un detrimento de $1.698.997.872, se detectó en el convenio entre el DPS y el municipio de Calima El Darién también para construir la plaza de mercado del municipio.El 2 de febrero de 2024, Prosperidad Social declaró la terminación del convenio, con un avance de ejecución del 30 % y sin que se hubiera finalizado la construcción ni puesto en funcionamiento la obra. Esta situación generó un millonario daño fiscal al no cumplirse el objeto contratado.Por su parte, en San Andrés de Sotavento, Córdoba, salieron a flote pagos por mejoras en viviendas que no cumplían con los estándares exigidos por la interventoría. Aun así, el contratista recibió el dinero, lo que terminó representando un presunto golpe al patrimonio público por $1.116 millones.El común denominador de las irregularidades ha sido un “deficiente control del DPS” en la ejecución de los convenios interadministrativos con los entes territoriales. Entre las malas prácticas, la Contraloría evidenció que el Departamento Administrativo no define obligaciones condicionantes para los desembolsos, como por ejemplo la carga de los expedientes en las plataformas públicas. “La transferencia de los recursos a los entes territoriales no los hace perder la condición de gestor fiscal”, insiste el ente de control. Sara Valentina Quevedo DelgadoRedacción Justicia