¿Son residuos peligrosos una jeringuilla o los restos anatómicos? En Navarra sí, en Extremadura solo lo primero y en Galicia, los segundos | Clima y Medio Ambiente

Según la Asociación de Empresas Gestoras de Residuos y Recursos Especiales (ASEGRE), en Galicia no son considerados desechos peligrosos las jeringuillas, los bisturíes y las cuchillas utilizadas en un hospital. En el resto de España, sin embargo, sí. Los restos anatómicos —por ejemplo, de un análisis para determinar si un lunar es maligno o benigno— tienen regulaciones severas en Navarra, mientras que en Extremadura se manejan como cualquier otro material médico. Si bien en la Comunidad Valenciana cualquier tipo de sangre, sin importar su cantidad, debe tratarse como un residuo peligroso, en Cantabria pueden desecharse hasta unos 100 mililitros sin tratamiento especial. La causa de estas diferencias es la inexistencia de un acuerdo estatal que homologue la gestión de los residuos generados en los centros sanitarios del territorio español. “El problema no es que una comunidad lo haga bien y otra no, sino que una lo hace de una forma y la otra de otra”, explica Luis Palomino, secretario general de ASEGRE. Y agrega: “Hay comunidades con normas tremendamente antiguas, en las que no se aplica claramente la jerarquía de residuos ni los principios de economía circular”.El Gobierno es consciente de que esto es un problema. El 8 de abril de 2022, se sancionó la ley de Residuos y suelos contaminados para una economía circular. Esta establece un plazo máximo de tres años para desarrollar un estudio comparado que evalúe la necesidad de una regulación de ámbito nacional para la gestión de los residuos sanitarios. La experiencia de la pandemia hizo mella: solo en España, durante los meses críticos de la covid, marzo y abril de 2020, los residuos sanitarios aumentaron casi un 400%, según datos aportados por ASEGRE. Al diferir los listados de enfermedades infecciosas de comunidad en comunidad, la gestión de los desechos infectados variaba por completo de un lado a otro de cada límite territorial. “Si tuviéramos una ley de ámbito nacional, ese listado sería el mismo para todos”, argumenta Palomino. “Metes el coronavirus en esa lista y ya tienes claro qué hacer en todas partes”.A pocos días para que acabe el plazo establecido para la evaluación, siguen las ineficiencias y los riesgos de esta incoherencia normativa. Ni siquiera se ha llegado a realizar la valoración. “Se les dedica poquísima atención a los residuos sanitarios”, señala Carlos Melón Pardo, socio del despacho Ramón y Cajal y autor del Estudio sobre la armonización regulatoria en materia de residuos sanitarios. “Conviven [con otro tipo de residuo] con su regulación obsoleta, retrasada en cuanto a principios y objetivos”, indica. El informe desarrollado por Melón Pardo fue encargado por ASEGRE con la vocación de acelerar el proceso que propone la ley. En mayo de 2024 la patronal entregó este informe al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico y a las administraciones de cada comunidad.Las consecuencias derivadas de este desbarajuste normativo son de eficiencia en la gestión y de impacto ambiental. Comunidades como Navarra, Aragón o Baleares tienen regulaciones de la década de los noventa. Y la mayoría, de comienzos de los 2000. Esto excluye la jerarquía de residuos fijada por la directiva europea de 2008 y adoptada formalmente por España en 2011. Todavía más anacrónicas quedan respecto de los principios de economía circular adoptados por la ley de residuos de 2022.La jerarquía de desechos establece las prioridades en su gestión para reducir el impacto ambiental. La primera opción debe ser la prevención ―es decir, la no producción de un residuo―, seguido de la reutilización, el reciclaje y, en último caso, la eliminación. Según Palomino, hay muchos materiales que podrían recuperarse dentro del sistema sanitario que a menudo no se aprovechan por la antigüedad de las normativas. Un ejemplo es la prohibición en Baleares de las “operaciones de reciclado o reutilización de los residuos del grupo I y II”, recogido en un artículo de 1996, según el informe de ASEGRE. Mientras tanto, en sitios como Cataluña o Murcia, estos pueden ser reciclados o revalorizados. Palomino acude al ejemplo de los contenedores de elementos cortantes y punzantes en hospitales para ilustrar el problema: “Esos contenedores podrían reciclarse, pero en la mayor parte de los casos se llevan a eliminación”. Esto es, su destino final en un vertedero o su incineración.Para comprender la incoherencia del marco regulatorio, basta observar cómo se clasifican los residuos, según el informe de ASEGRE. En el primer grupo están aquellos que son equivalentes a la basura doméstica. Sin embargo, Castilla y León, a diferencia de todas las otras comunidades autónomas, coloca allí los colchones que podrían haber estado en contacto con enfermedades infecciosas. En un segundo grupo están los residuos sanitarios no específicos. Estos proceden de la actividad sanitaria, pero no están considerados como peligrosos. Allí hay diferencias como las mencionadas en el tratamiento de la sangre entre Cantabria y Valencia. El tercer grupo ya clasifica como residuos peligrosos. Aquí manda la lista de enfermedades infecciosas. La única comunidad que actualiza este listado es Andalucía. En este último bloque de la clasificación de los desechos, el informe especifica que si se tomaran todas las normas autonómicas podrían establecerse “hasta ocho grupos distintos”. En líneas generales, allí caben los residuos químicos, de medicamentos citotóxicos y citostáticos, y los radiactivos.Para Carlos Arribas, representante de residuos de Ecologistas en Acción, la inacción estatal se debe a la aparente ausencia de problemas. “Mientras no los haya, los criterios no se actualizan”, se lamenta. Las normativas de este tipo deberían estar “vivas”, según el activista, “si no se revisan es un fallo”. En el caso de Melón Pardo, el abogado tampoco encuentra una justificación jurídica para que esto sea así, pero aclara que tampoco es infrecuente: “Pasa también con los residuos de animales muertos”. Por su parte, el Ministerio para la Transición Ecológica no ha respondido a las preguntas de este diario.